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El máximo órgano legislativo chino
adoptó?el martes?un borrador de enmienda a la ley que
regula el sistema judicial del país, en el que se estipula que las
condenas a muerte tendrán que conseguir la aprobación del Tribunal
Popular Supremo de China.
La enmienda a la ley orgánica de
tribunales populares del país, considerada la reforma más
importante del sistema de aplicación de la pena capital de las
últimas dos décadas, entrará en vigor el próximo 1 de enero de
2007.
El borrador de enmienda ha retirado
la decisión final sobre las condenas a muerte de los tribunales
populares provinciales, para transferir estas competencias al
Tribunal Popular Supremo, quien revisará y ratificará las
condenas.
La nueva legislación separa la
revisión de la sentencia a muerte de la apelación del veredicto. La
primera pasará a manos del Tribunal Popular Supremo, mientras que
la segunda permanecerá entre las competencias de los juzgados
provinciales.
"La modificación supone un
importante paso para impedir las condenas injustas", indicó Xiao
Yang, presidente del Tribunal Popular Supremo, quien subrayó que la
nueva normativa "también ofrecerá a los acusados otra oportunidad
para expresar sus opiniones".
El Tribunal Popular Supremo contaba
con la responsabilidad de la revisión de todos los casos de
condenas a muerte hasta 1983, a?o en que se le concedió parte de la
autoridad de revisión final a los tribunales provinciales, como
medida para endurecer la acción contra delitos como homicidios,
violaciones, robos y atentados con explosivos.
Los expertos consideran que la
revisión contribuyó ampliamente a la reducción de la delincuencia
en el país a mediados de los 80. Las cifras del Ministerio de
Seguridad Pública de septiembre de 1984 muestran que el número de
casos criminales entre enero y agosto de ese mismo a?o se redujo en
un 31 por ciento respecto al mismo periodo del a?o anterior.
Sin embargo, la asunción de
responsabilidad de los tribunales provinciales en la consideración
de apelaciones contra las penas de muerte y en la reconsideración
final ha sido ampliamente criticada por los errores cometidos.
Desde comienzos de 2005, los medios
de comunicación chinos han revelado varios errores en la aplicación
de sentencias a muerte, lo que ha elevado las protestas por la
falta de precauciones a la hora de dictar las sentencias a pena
capital.
De acuerdo con Chen Ruihua, profesor
en la Universidad de Beijing, la revisión de 1983 ha supuesto una
"supervisión insuficiente" de las condenas a muerte.
Chen considera que además los
tribunales provinciales muestran distintas interpretaciones sobre
qué crímenes merecen la pena capital. Este hecho ha supuesto que
personas juzgadas en una provincia pudieran ser condenadas a
muerte, mientras el mismo delito, en otra provincia, acarreara
únicamente privación de libertad.
"La recuperación de las competencias
para revisar y ratificar todas las sentencias a muerte y prevenir
sentencias incorrectas se ha convertido en una cuestión urgente
para el impulso de la reforma judicial en China, la salvaguardia de
la consistencia legal y la promoción de la justicia en los
tribunales", afirma Chen.
(01/11/2006, Agencia de Xinhua)
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