BUENOS AIRES, 17 dic (Xinhua) -- La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirmó el lunes que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner, y una treintena de acusados deberán ir a juicio oral y público en una causa judicial que investiga lavado de dinero y asociación ilícita.

El máximo tribunal del país sudamericano rechazó una serie de apelaciones presentadas por las defensas de los acusados y dejó firme, sin posibilidad de una nueva apelación, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que revocó el sobreseimiento de los investigados y ordenó que se haga un juicio oral y público.

La causa por la que se investiga a la dirigente es conocida en el país austral como "Los Sauces-Hotesur", en referencia a los nombres de dos empresas de la familia Kirchner involucradas en un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquiler de los hoteles y propiedades a empresarios.

Según la acusación, los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó por mayoría a todos los acusados en noviembre de 2021, pero la Cámara Federal de Casación Penal revocó esa decisión en septiembre de 2022, ordenando hacer el juicio oral y público contra todos los acusados, excepto Florencia Kirchner, hija de la exmandataria, sobre quien confirmó el sobreseimiento.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre Fernández de Kirchner se suma a una medida similar que adoptó el alto tribunal el 5 de diciembre pasado, cuando ordenó que la expresidenta sea juzgada en una causa por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán para investigar un atentado ocurrido en Argentina en 1994.

El panorama judicial de Cristina Kirchner se completa con una tercera causa, vinculada a presuntos hechos de corrupción. El Tribunal Oral Federal 7 dispuso recientemente que el 6 de noviembre de 2025 tenga comienzo un juicio oral por la causa conocida como los "Cuadernos de la corrupción", en la que se investiga el pago de sobornos a altos funcionarios a cambio de la adjudicación de contratos para hacer obras públicas.

La dirigente, que asumió la semana pasada la presidencia del Partido Justicialista (PJ, peronismo), fue condenada el mes pasado por la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina a seis a?os de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por considerarla responsable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública" en la causa conocida como "Vialidad".

La exmandataria rechazó la decisión en un comunicado, asegurando que sería condenada por "un delito que como Presidenta nunca pude haber cometido: el de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoría General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015".

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal avaló además en su fallo el decomiso de unos 84.000 millones de pesos (unos 82,25 millones de dólares), suma en la que se consideró que fue perjudicado el Estado argentino por el esquema atribuido a la exmandataria, funcionarios y empresarios. Fin