El contenido del teléfono celular del, hasta hace poco, prestigioso abogado penalista chileno Luis Hermosilla Osorio (68), en prisión preventiva desde hace diez días luego que una jueza lo considerara “un peligro para la sociedad”, se ha convertido en una Caja de Pandora que sacude a las élites del poder político, judicial y empresarial en Chile.

“La gravedad de los delitos y sus consecuencias, tanto en el ámbito institucional como en mercado financiero, configuran delitos pluriofensivos que hacen que, en definitiva, la libertad de los imputados sea un peligro para la seguridad de la sociedad”, razonó la magistrada, al enviarlo a prisión.

Se ha revelado que en el aparato, requisado por orden judicial y pesquisado la Policía de Investigaciones (PDI), hay más de 777 mil mensajes de WhatsApp, que develan una escandalosa práctica de tráfico de influencias, conflictos de interés y probables delitos de cohecho, soborno, tráfico de facturas falsas, blanqueo de capitales, evasión de impuestos, por decir algunos.

El caso no es nuevo, estalló en noviembre de 2023, cuando trascendió un audio donde Hermosilla, una asociada y un cliente -ahora también presos-, tramaban financiar una “caja negra” para corromper a funcionarios públicos y destruir evidencia, diálogo donde se hace ver que lo sugerido constituye delitos.

La secuela inmediata fue la destitución, formalización y arresto del entonces director de la PDI, Sergio Mu?oz, quien le entregaba información confidencial acerca de diligencias policiales.

Desde entonces hubo más filtraciones que compiten en escándalo, porque evidencian cómo el penalista urdía tramas para influir en la designación de jueces -que después fallarían en juicios en los que sería litigante-; del fiscal nacional hace poco más de un a?o; de sus relaciones transversales con el espectro político; de su connivencia con Andrés Chadwick, ministro del Interior del finado expresidente Sebastián Pi?era, etc., etc., etc.

Hermosilla (56) tiene pasado en las juventudes comunistas pero terminó cercano a la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), tanto como que asumió la representación de la familia del asesinado senador Jaime Guzmán Errázuriz, un ideólogo del pinochetismo y autor de la constitución neoliberal, baleado en 1991 por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo.

Pero la expectativa en torno a lo que viene se multiplicó cuando la defensa de Hermosilla, liderada por su hermano Juan Pablo, pidió copia al Ministerio Público de los mensajes y prometió hacer público todo aquel material que no sean conversaciones y contactos del ámbito personal, así como con clientes ya que aplica el secreto profesional.

“El resto, mientras no sea información del mundo profesional y del mundo privado, para detener esto que está ocurriendo, que son filtraciones intencionadas por parte del Ministerio Público, lo más probable es que trataremos de abrir la mayor cantidad de información posible”, dijo.

“No sé cuántas páginas son para que podamos empezar a liberar, va a tener que pasar un rato. Somos un grupo reducido que estamos a cargo de la causa, vamos a estar con la mayor celeridad y en la medida en que vayamos descubriendo vamos a ir afinando los criterios”, agregó.

Al preguntársele si entre lo que se hará público incluirá intercambios con políticos y miembros del Poder Judicial, respondió que “con todos porque si no me van a acusar de lo que yo estoy reclamando: el cherry picking”, es decir, no revelará casos específicos que favorezcan una postura.

“Vamos a publicar los listados; tal juez, tal fiscal, tal ministro, vamos a dar la fecha e información genérica del tema para que ellos den la primera versión”, explicó; a la vez que instaba a reformar integralmente el Poder Judicial porque ahora facilita el tráfico de influencias, cuyo hermano imputado “no era el único” en hacerlas, amenazó.

La Fiscalía le entregó el jueves el material en formato de CD y comenzó la cuenta atrás.

Fuente: La Jornada