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Eficaz garant?a de los derechos
civiles y pol?ticos
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Desde la fundación de la nueva China, la construcción de la democracia y el sistema jurídico ha conocido importantes progresos. Los derechos civiles y políticos del pueblo están protegidos y garantizados según la ley. La Constitución de China estipula en términos claros: "Todo el Poder de la República Popular China pertenece al pueblo". Como órganos, por los cuales el pueblo ejerce el Poder del Estado, la Asamblea Popular Nacional y las asambleas populares locales de los distintos niveles son elegidas por el pueblo en elecciones democráticas, responden ante él y están sujetas a su supervisión. En China, excepto las personas privadas de los derechos políticos según la ley, todos los ciudadanos que hayan cumplido la edad de 18 años, tienen derecho a elegir y a ser elegidos, no importa su etnia, raza, sexo, profesión, origen familiar, creencia religiosa, educación, estado económico y permanencia en el país. En la actualidad, el 99,97% de los ciudadanos mayores de 18 años de edad tienen derecho a elegir y a ser elegidos. El índice de participación de los ciudadanos de todo el país en las elecciones siempre fue mayor del 90%. Todas las regiones y etnias, así como las diferentes capas sociales y los variados grupos sociales cuentan con sus representantes en diferentes porcentajes en las asambleas populares a los distintos niveles. De los 2.979 diputados a la IX Asamblea Popular Nacional, electos a comienzos de 1998, los obreros y campesinos representaron el 18,9%; los intelectuales, el 21,08%; los cuadros, el 33,17%; miembros de los partidos democráticos y personalidades sin partido, el 15,44%; militares del Ejército Popular de Liberación, el 9%; diputados de la región administrativa especial de Hong Kong, el 1,17%; y chinos de ultramar retornados a la patria, el 1,24%. La Asamblea Popular Nacional es el órgano supremo del Estado, elabora sus leyes, decide sus asuntos de importancia, elige los órganos administrativos, judiciales y fiscalizadores del Estado y supervisa su gestión. En China se practica la administración del Estado según la ley. Después de aplicar la política de reforma y apertura, la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente elaboraron más de 360 leyes y resoluciones sobre problemas jurídicos, por su parte las asambleas populares locales de los distintos niveles elaboraron más de 7.000 leyes y reglamentos de carácter local. La Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente escuchan y evalúan los informes presentados por el Consejo de Estado y sus departamentos, así como por el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema, y vigilan la ejecución de las leyes y las resoluciones sobre los problemas jurídicos. Las comisiones especiales de la Asamblea Popular Nacional también supervisan la ejecución de las leyes mediante diferentes formas. El Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional acepta las cartas y visitas del pueblo, supervisa el cumplimiento de las atribuciones de los órganos judiciales y garantiza los derechos legítimos de los ciudadanos. El sistema de cooperación multipartidista y el de consulta política, dirigidos por el Partido Comunista de China, forman parte importante del régimen político democrático de China. Como íntimos cooperadores del Partido Comunista de China, los partidos democráticos participan en el Poder del Estado, intervienen en las consultas de los principios y políticas de importantes asuntos de Estado y acerca de candidatos a los dirigentes del Estado, en la administración de los asuntos estatales y en la redacción y ejecución de los principios, políticas, leyes y reglamentos de Estado. Sobre los problemas importantes del Estado, el Partido Comunista de China en el Poder siempre escucha repetidas veces las opiniones de los partidos democráticos y consulta con ellos para resolverlos. En la IX Asamblea Popular Nacional, los diputados de los partidos democráticos y sin partido representaron respectivamente el 30% y el 21,9% de los miembros del Comité Permanente y de las comisiones especiales permanentes. En la actualidad, entre los dirigentes de los ministerios y comisiones concernientes del Consejo de Estado, el Tribunal Popular Supremo y la Fiscalía Popular Suprema figuran miembros de los partidos democráticos y personalidades sin partido. En 31 provincias, regiones autónomas y municipios directamente subordinados al Poder central, así como en 15 municipios del grado subprovincial, hay miembros, de partidos democráticos y personalidades sin partido, en los cargos de subgobernador provincial, vicealcalde y asistente de gobernador o de alcalde. Las conferencias consultivas políticas a los distintos niveles están compuestas por representantes de diversos partidos democráticos, organizaciones populares y personalidades sin partido, y su composición tiene una amplia representatividad. Los miembros de la IX Conferencia Consultiva Política Nacional provienen de 34 sectores sociales, ocupando los miembros de los partidos democráticos y la Federación Nacional de Industria y Comercio, así como personalidades sin partido el 59,5% de la Conferencia Consultiva Política Nacional y el 63,4% de su Comité Permanente. La Conferencia lleva a cabo un importante papel en la vida política del Estado mediante la consulta política, la supervisión democrática, la intervención y la discusión de los asuntos estatales. Según estadísticas, desde 1990, el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado han celebrado más de 100 reuniones de consulta y debate junto con los comités centrales de los partidos democráticos y personalidades sin partido. Entre 1992 y 1998, los comités centrales de los ocho partidos democráticos y la Federación Nacional de Industria y Comercio formularon más de 100 propuestas importantes acerca de la reforma y apertura, la construcción económica, la construcción del sistema jurídico, la lucha contra la corrupción por la moralización y otros temas importantes. No pocas de estas propuestas fueron adoptadas por el Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado. La democracia de base es una importante vía para garantizar la ejecución directa de los derechos democráticos por parte de los ciudadanos. Las masas populares de las zonas rurales eligen a los miembros de los comités de aldeanos en las elecciones directas, y discuten democráticamente para decidir los asuntos importantes de sus propias aldeas, ejerciendo con plenitud sus derechos de elección, decisión, administración, y supervisión democráticas. Desde 1988, en la mayoría de las zonas rurales se efectuaron elecciones a los comités de aldeanos del cuarto mandato para reemplazar a los del tercer mandato. La mayoría de los comités de aldeanos establecieron sistemas de reunión y asamblea de aldeanos, así como una administración abierta de sus asuntos. Después de que, en 1999, se promulgara para su ejecución la nueva Ley organizativa de los comités de aldeanos, cerca de la mitad de las provincias, municipios directamente subordinados al Poder central y regiones autónomas publicaron leyes y reglamentos sobre las elecciones de los comités de aldeanos en sus propias regiones administrativas. Las elecciones de los comités de aldeanos se vienen normalizando cada vez más. Se respeta el derecho a presentar candidaturas. Se están normalizando gradualmente los procedimientos que garantizan los derechos de los electores, entre ellos, las elecciones de candidatos oficiales en elecciones preliminares, la competencia en igualdad de los candidatos oficiales, las elecciones diferenciales, discursos electorales, cabinas para realizar el voto en secreto, recuento público de votos y anuncio inmediato del resultado de las elecciones. Según estadísticas, en las provincias donde se finalizaron las elecciones a los comités de aldeanos en 1999, la participación de los campesinos superó en la mayoría de los casos al 90%, siendo como mínimo, de un 85%. Conforme a la ley, China garantiza que los ciudadanos disfruten de una amplia gama de libertades y derechos fundamentales. La Constitución establece claramente que los ciudadanos tienen libertad de expresión, edición, reunión, asociación, desfile y creencias religiosas. La libertad personal, la dignidad personal y la residencia son inviolables. La libertad y la privacidad de la correspondencia de los ciudadanos están bajo la protección de la ley. El Estado realiza grandes esfuerzos para desarrollar las causas de prensa y edición, y crear unas mejores condiciones para la libertad de expresión y edición de los ciudadanos. Según estadísticas, en 1998, se publicaron, en todo el país, 2.053 periódicos con 30.040 millones de ejemplares, 7.999 revistas de distintas índoles con 2.540 millones de ejemplares, más de 130.000 libros con 7.240 millones de ejemplares; emitieron 294 emisoras de radio, 560 estaciones de televisión por cable y sin cable tanto de categoría nacional como provincial, 1.287 estaciones de radio y televisión a nivel de distrito, y 75 estaciones de televisión especializadas en educación. Las estaciones de televisión cubrían más del 89% de la población nacional y los televidentes eran más de 1.000 millones. Hasta junio de 1999, China disponía de 1.460.000 computadoras con acceso a Internet y más de 4 millones de usuarios. En China, están bajo la protección del Estado todas las organizaciones sociales que cumplan con las estipulaciones de la Constitución y las leyes, y que formalicen los trámites necesarios de registro. Hasta fines de 1998, existían en todo el país un total de 165.600 organizaciones sociales. Sus organizaciones y actividades están protegidas por la Constitución y las leyes. El Estado protege la libertad de creencias religiosas de los ciudadanos y sus actividades religiosas normales. Ningún organismo estatal, organización social ni individuo puede imponer a los ciudadanos a profesar o no profesar una religión, no puede discriminar a los ciudadanos por ser creyentes o no creyentes. Según estadísticas incompletas, en toda China hay más de 100 millones de creyentes de diferentes religiones, 85.000 locales registrados para actividades religiosas y cerca de 300.000 individuos dedicados a la catequesis y ocupaciones religiosas. Hay más de 3.000 agrupaciones religiosas a nivel nacional y local, y 74 centros docentes dedicados a la formación y preparación religiosas. Las organizaciones de las diferentes religiones de China editan cánones religiosos, libros y revistas, entre los cuales la Biblia ha tenido una tirada de 20 millones de ejemplares. Las agrupaciones religiosas de China han establecido relaciones con organizaciones y personalidades religiosas de más de 70 países y regiones del mundo. En las asambleas populares y las conferencias consultivas políticas hay diputados y miembros de diversas religiones y diferentes organizaciones y agrupaciones sociales. Entre los diputados electos a las asambleas populares y los miembros de las conferencias consultivas políticas a distintos niveles, más de 17.000 son parte del sector religioso. Según la ley, los órganos de seguridad pública y de justicia castigan los crímenes y protegen los derechos legítimos de los ciudadanos de actividades infractoras. Según estadísticas, en 1998, los tribunales de todo el país a distintos niveles procesaron más de 5.400.000 casos de diferentes tipos, entre los cuales 480.000 fueron criminales, 3.370.000 civiles, 1.450.000 económicos y cerca de 100.000 administrativos. Conforme a la ley, los órganos de seguridad pública y de justicia asestaron en todo ámbito nacional severos golpes a la delincuencia criminal como asesinatos, asaltos, violaciones, secuestros con fines de extorsión, robos cuantiosos, y sobre todo los casos relacionados con armas de fuego y los grupos delincuentes de carácter mafioso, salvaguardando eficazmente la seguridad de la vida y las propiedades del pueblo. Mientras tanto, se protegen, según la ley, los derechos legítimos de los presuntos delincuentes y acusados. Desde 1983, los tribunales populares declararon, según la ley, inocentes a más de 40.000 personas porque los testimonios fueron insuficientes para probar los delitos. En los últimos años, con el fin de cumplir estrictamente las leyes y fortalecer la protección de los derechos humanos en todos los ámbitos de la justicia, los tribunales populares han profundizado la reforma en las formas de instrucción de los casos, se han promovido de manera general el juicio abierto según la ley, e intensificado la supervisión de las instrucciones por parte de la sociedad y la opinión pública para garantizar la justicia judicial. Todos los expedientes de primera instancia, excepto aquellos prohibidos por la ley, se instruyen de manera pública. Se está elevando gradualmente el porcentaje de los expedientes de segunda instancia instruidos públicamente. Se pronuncian públicamente sentencias de todos los casos instruidos tanto públicamente como en privado. En la instrucción pública de los tribunales populares se presentan testimonios, se interroga a testigos, se reconocen los testimonios y se delibera. Se ha elevado el porcentaje de los expedientes condenados en la misma instrucción. Los órganos fiscalizadores aumentan la energía de la supervisión sobre la ejecución de las leyes y rectifican, según la ley, las irregularidades tales como el no respeto a las leyes, la no ejecución de las leyes y la injusticia judicial. En 1998, los órganos fiscalizadores de todo el país presentaron a los órganos de seguridad pública 9.335 demandas debido a su decisión de no abrir sumario de los expedientes que debían hacerlo, avisaron abrir sumario de 5.207 expedientes, y formularon propuestas para corregir el arresto de 70.992 personas/veces que había excedido el tiempo señalado por la ley; presentaron 9.964 propuestas para corregir actividades infractoras contra la ley en las investigaciones; aceptaron a 689.025 presuntos delincuentes, que los órganos de seguridad pública y del Estado les entregaron en espera de evaluación y autorización de detención, autorizaron la detención de 582.120 personas después de evaluar sus casos, persiguieron para su arresto a 6.957 personas según la ley, tomaron la decisión de no detener a 93.218 personas; aceptaron, transferidos para su acusación, a 668.425 presuntos delincuentes, formalizaron pleito oficial a 557.929 personas después de evaluar sus casos, demandaron con efecto retroactivo a 3.094 personas según la ley, y decidieron no procesar los casos relativos a 11.225 personas; presentaron 3.791 protestas contra las sentencias y arbitrajes que consideraban realmente erróneos, presentaron 1.211 propuestas para corregir actividades infractoras contra la ley en el juicio; presentaron 9.672 propuestas para corregir actividades infractoras contra la ley de los departamentos concernientes en la concesión de reducción de penas, libertad condicional y ejecución temporal de penas fuera de la prisión. Los órganos carcelarios administran las cárceles según la ley, promueven la administración abierta de las cárceles, aumentan la transparencia de la ejecución de las leyes, y protegen de forma efectiva los derechos legítimos de los delincuentes. Según estadísticas, en 1998, en las cárceles de todo el país se concedieron reducción de penas y libertad condicional a 361.000 personas, lo que significa el 25% de los delincuentes en prisión. El perfeccionamiento y el desarrollo del sistema de abogados y el sistema de asistencia jurídica desempeñan un papel cada vez más importante para proteger los derechos legítimos de los ciudadanos de las actividades infractoras y garantizar la efectiva y correcta práctica de las leyes. En la actualidad, en todo el país funcionan cerca de 9.000 oficinas de abogados, y trabajan más de 100.000 abogados. Entre 1979 y 1999, en todo el país, los abogados defendieron en 3 millones de casos criminales, y sólo en 1998 los abogados comparecieron como defensores y apoderados en 296.668 casos criminales, salvaguardando con efectividad los derechos e intereses legítimos de los presuntos delincuentes y acusados. En 1996 y 1997, se fundaron respectivamente el Centro de Asistencia Jurídica del Ministerio de Justicia y la Fundación de Asistencia Jurídica de China. Se han instituido ya más de 800 organismos de asistencia jurídica. Cada vez más ciudadanos pobres se benefician de los servicios jurídicos parcialmente eximidos o gratuitos conforme a la ley. Según estadísticas incompletas, en 1997, los organismos de asistencia jurídica y los profesionales jurídicos de distintas clases en todo el país intervinieron en unos 50.000 casos de asistencia jurídica, facilitaron consultas jurídicas a 400.000 personas/veces. En 1998, según estadísticas incompletas de 20 provincias y municipios directamente subordinados al Poder central, se trataron más de 60.000 casos de asistencia jurídica y ofrecieron consultas jurídicas a más de 800.000 personas/veces. En la primera mitad de 1999, según estadísticas incompletas de 24 provincias, se trataron más de 40.000 casos de asistencia jurídica de diferente tipo. Los ciudadanos tienen el derecho a presentar propuestas y críticas a los órganos estatales y a sus trabajadores y el derecho a presentar quejas, acusar y denunciar las actividades infractoras contra la ley y el incumplimiento de los deberes oficiales. Con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos a presentar quejas, acusar y denunciar, se instalaron en general oficinas de cartas populares en los órganos estatales de distintos tipos y niveles. Los órganos de fiscalía popular y el sistema de supervisión administrativa establecieron órganos de denuncia de las actividades infractoras contra la ley tanto a nivel nacional como local. Los medios de prensa también reforzaron la supervisión de la opinión pública sobre la prevaricación y el abuso de la autoridad de los trabajadores estatales y la protección de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Las víctimas de actividades infractoras contra los derechos civiles de los órganos y trabajadores estatales tienen derecho a recibir la indemnización según la ley. En 1991 y 1995 China elaboró especialmente el Código de Procedimiento Administrativo y la Ley de Indemnización Estatal. Hasta ahora, se han instruido cerca de 440.000 casos administrativos de diferente tipo, se han tratado 2.566 casos de indemnización estatal, y se defendieron los derechos legítimos de los ciudadanos.
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